Grupo México alcanzó ventas récord por 18 mil 176 millones de dólares en 2025, pero destinó solo una pequeña parte de esos ingresos a acciones para prevenir accidentes y reducir el impacto ambiental de sus operaciones. La cifra se conoce mientras el conglomerado enfrenta nuevas críticas por un derrame de sustancias químicas en Sonora y mantiene abiertos diversos procesos legales relacionados con desastres ambientales anteriores.
De acuerdo con el informe anual presentado ante la Bolsa Mexicana de Valores (BMV), la empresa asignó 215.7 millones de dólares a proyectos de protección ambiental en México y Perú, equivalente al 1.19% de sus ventas del año.
Grupo México mantiene baja inversión ambiental
La inversión ambiental se canalizó a través de Southern Copper Corporation, subsidiaria encargada de operaciones mineras en México y Perú. Los recursos financiaron sistemas de recuperación de agua, programas de reforestación para estabilizar presas de jales y tecnologías para reducir emisiones de polvo, entre otras acciones que la compañía no detalló.
Aunque la empresa informó que aumentó 21.6% estos recursos respecto a 2024, el monto continúa representando una proporción reducida frente a sus ingresos anuales.
El crecimiento financiero de la compañía estuvo impulsado por una mayor producción de zinc y por el desarrollo de la planta Tía María, en Perú, que incrementará su capacidad de producción de cobre.
Accidentes ambientales mantienen bajo escrutinio al consorcio
Diversas organizaciones han documentado al menos 20 incidentes, conflictos ambientales, laborales y de derechos humanos relacionados con las operaciones del grupo empresarial.
El caso más reciente ocurrió en Naco, Sonora, donde un accidente ferroviario provocó el derrame de 59 mil litros de hidrosulfuro de sodio. La Procuraduría Federal de Protección al Ambiente informó de manera preliminar que el incidente no representaba un riesgo inmediato para la población, aunque mantuvo vigilancia ante la posibilidad de que las lluvias trasladaran los químicos hacia mantos acuíferos.
La propia empresa reconoce en su informe anual que la expansión de sus operaciones puede incrementar el riesgo de accidentes industriales y ambientales.
El historial del consorcio también incluye el derrame de aproximadamente 40 mil metros cúbicos de sulfato de cobre ocurrido en 2014 desde la mina Buenavista del Cobre hacia los ríos Bacanuchi y Sonora. El incidente afectó a ocho municipios y provocó daños al suministro de agua, la agricultura, la flora y la fauna, además de generar conflictos sociales.
Doce años después, el caso continúa abierto. Según el informe de 2025, la empresa enfrenta 46 demandas civiles individuales y 11 juicios de amparo promovidos por habitantes que buscan la reparación de los daños y la restauración de las zonas afectadas.
