Muerte de jaguar desata indignación en Bolivia
La muerte de un jaguar tras ingresar a una vivienda en Guayaramerín, Bolivia, ha provocado indignación y un debate sobre la protección de fauna silvestre. Un video difundido en redes muestra al felino agonizando después de recibir varios disparos.
El hecho ocurrió el sábado en esta localidad amazónica fronteriza con Brasil. Habitantes alertaron a la junta vecinal, cuyos integrantes dispararon contra el animal y posteriormente lo enlazaron por el cuello. Un día después, las autoridades encontraron el cuerpo desmembrado en posesión de una mujer.
La justicia boliviana ordenó 60 días de prisión preventiva contra uno de los presuntos responsables y mantiene identificado a otro sospechoso. La Policía Forestal de Preservación del Medio Ambiente informó que el animal recibió al menos cuatro disparos y calificó el caso como un presunto biocidio premeditado.
El informe policial señala que el cuerpo apareció decapitado, desollado y mutilado. El Ministerio Público busca aplicar la máxima pena contra los responsables, que puede alcanzar aproximadamente ocho años.
Especialistas cuestionaron la actuación de los vecinos. El veterinario y rescatista Marco Antonio Greminger afirmó que el felino debía ser contenido y entregado a autoridades especializadas. Además, consideró que probablemente estaba domesticado debido a su comportamiento tranquilo y su corta edad, inferior a un año.
La cabeza, las patas y la piel recuperadas también despertaron preocupación debido al tráfico ilegal de partes de estos animales.
El caso ocurre después de que la especie fuera reclasificada como en peligro de extinción en Bolivia. Entre sus principales amenazas aparecen el tráfico de colmillos y otras partes, los conflictos con ganaderos, la cacería de sus presas y la pérdida de hábitat provocada por incendios.
El felino puede alcanzar dos metros de longitud y pesar hasta 135 kilos. Su tamaño y valor en mercados clandestinos lo han convertido en objetivo recurrente de cazadores furtivos.
Bolivia registra un promedio estimado de 61 ejemplares abatidos anualmente por actividades ilícitas y alrededor de 30 cadáveres decomisados cada año, de acuerdo con un informe de CITES de 2021.
El tráfico quedó especialmente expuesto en 2018, cuando una pareja china fue detenida en la Amazonía boliviana con 185 colmillos. En 2024, una empresa argentina también fue vinculada con la oferta de cazar un ejemplar en territorio boliviano por 11.000 dólares.
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