Mar de Cortés ante la expansión de infraestructura gasífera
El Mar de Cortés, uno de los ecosistemas marinos más diversos de México, enfrenta una nueva controversia por el desarrollo de infraestructura para exportar gas natural licuado hacia Asia. El proyecto Amigo LNG contempla una terminal frente a Guaymas, Sonora, dentro de una región que alberga una importante diversidad de mamíferos marinos y especies amenazadas.
En abril de 2025, la Administración del Sistema Portuario Nacional Guaymas firmó con Amigo LNG una cesión de derechos sobre 36 hectáreas de superficie marítima. El espacio está destinado a una terminal de licuefacción y almacenamiento de gas. El Gobierno federal presentó posteriormente el proyecto con una inversión estimada de 130 mil millones de pesos y una capacidad de 7.8 millones de toneladas anuales.
Sin embargo, el desarrollo enfrenta una disputa judicial por su evaluación ambiental. Un juez federal concedió en septiembre una suspensión definitiva que mantiene temporalmente sin efectos habilitantes la autorización ambiental para iniciar determinadas obras mientras continúa el juicio de amparo. La medida cautelar no representa una sentencia definitiva sobre la legalidad del proyecto.
Amigo LNG forma parte de una expansión de infraestructura que busca transportar gas procedente de Estados Unidos hasta terminales mexicanas del Pacífico. Desde ahí, el combustible podría enviarse en buques metaneros hacia mercados asiáticos.
El proyecto de Guaymas ha despertado preocupación entre organizaciones ambientales por sus posibles efectos acumulativos sobre el Golfo de California. Entre los riesgos señalados aparecen el incremento del tráfico marítimo, ruido submarino, emisiones y posibles afectaciones a especies marinas.
La preocupación aumenta debido al valor ecológico de esta región. El Golfo de California alberga alrededor del 39% de los mamíferos marinos del planeta y 80% de los presentes en México, según datos difundidos durante el debate sobre los proyectos gasíferos.
Además, organizaciones ambientales presentaron más de 4 mil 800 observaciones durante el proceso de consulta pública de Amigo LNG, relacionadas con información ambiental, transparencia y posibles impactos del desarrollo.
La situación regulatoria ha generado cuestionamientos por las fechas asociadas con la autorización ambiental. Documentos reportados recientemente indican que la ASEA emitió una resolución fechada el 13 de abril de 2026, mientras organizaciones promoventes del amparo han señalado inconsistencias entre esa fecha y posteriores comunicaciones dentro del proceso judicial.
Ante esta situación, el Poder Judicial ordenó que esa autorización permanezca temporalmente sin eficacia para las obras sujetas a la suspensión. Por ello, el fallo busca evitar transformaciones materiales mientras se determina el fondo del juicio.
La disputa ocurre mientras México impulsa nuevas inversiones de infraestructura energética en el Pacífico. Al mismo tiempo, organizaciones ambientales reclaman que cualquier desarrollo considere de manera integral los efectos acumulativos sobre biodiversidad, comunidades costeras y clima.
El futuro de Amigo LNG dependerá ahora del proceso judicial y de las determinaciones regulatorias correspondientes. Mientras tanto, el caso mantiene abierto el debate sobre hasta dónde puede crecer la infraestructura gasífera dentro de uno de los ecosistemas marinos más importantes del país.
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