Doce años de daños en el río Sonora
Las comunidades del río Sonora cumplen 12 años esperando una reparación integral tras el peor desastre minero registrado en México. Habitantes afectados siguen denunciando enfermedades, contaminación y falta de atención médica mientras Grupo México mantiene sus operaciones.
El 6 de agosto de 2014, Buenavista del Cobre, propiedad de Grupo México, derramó 40 millones de litros de sulfato de cobre acidulado en los ríos Sonora y Bacanuchi. El desastre afectó a unas 22 mil personas de ocho municipios y modificó profundamente la vida de numerosas comunidades.
María Filomena Bonilla Oliva, habitante de San José de Gracia, recibió en 2022 resultados que confirmaron seis metales pesados en su organismo. Su esposo murió cuatro meses antes de conocer sus propios resultados. Actualmente, ella necesita apoyo para caminar y paga tratamientos con sus recursos.
Los problemas sanitarios trascienden casos individuales. Entre finales de 2021 y principios de 2022, autoridades federales realizaron análisis de sangre y orina a 1,500 habitantes. Los estudios identificaron 705 personas con presencia de plomo que requerían tratamiento permanente.
Además, los resultados determinaron que 99.8 por ciento de la población analizada estaba expuesta de manera homogénea a metales pesados.
Poder Latam sostiene que algunos habitantes presentan padecimientos como arsenicosis, cáncer y daño renal. Un juez ordenó atención médica integral, monitoreos, alertas sanitarias y medidas especiales para menores. La organización asegura que esas disposiciones continúan sin cumplirse.
Los Comités de Cuenca del Río Sonora mantienen procesos judiciales para exigir reparación. Señalan unas 55 omisiones documentadas por Profepa y han promovido 11 juicios de amparo.
En 2014 se creó el Fideicomiso Río Sonora como mecanismo para cubrir afectaciones. Se anunció una aportación de 2 mil millones de pesos, pero el instrumento cerró en 2017 entre cuestionamientos por falta de transparencia y participación de las víctimas.
La construcción de un hospital especializado también permanece entre las principales demandas. El proyecto fue prometido originalmente en 2015. En diciembre de 2025, el Gobierno federal volvió a anunciarlo y recientemente autoridades estatales colocaron nuevamente una primera piedra simbólica.
Hasta el 4 de agosto, las comunidades aseguraban que no existía evidencia pública del inicio efectivo de las obras. También denuncian que la región carece de especialistas en toxicología.
Mientras tanto, documentos oficiales accesibles públicamente no detallan los acuerdos alcanzados entre el Gobierno federal y Grupo México ni cuánto dinero estará disponible para reparar los daños sanitarios y ambientales acumulados durante estos 12 años.
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