Estados Unidos modifica la protección de especies

Una nueva medida del gobierno de Estados Unidos modificó la forma en que se aplican algunas protecciones de la Ley de Especies en Peligro de Extinción, una decisión que podría tener efectos sobre animales amenazados y los ecosistemas donde habitan.

El cambio entró en vigor el 14 de septiembre de 2026, después de que el Servicio de Pesca y Vida Silvestre y el Servicio Nacional de Pesca Marina eliminaran de sus regulaciones la definición de “daño” utilizada dentro de la legislación.

Un cambio que modifica la protección de la fauna

La nueva interpretación establece que ciertas muertes o afectaciones accidentales dejarán de considerarse una infracción cuando no exista una intención directa de dañar o capturar a un animal específico. El memorando emitido por el Servicio de Pesca y Vida Silvestre señala que actividades como la pesca comercial, la tala o determinadas obras pueden provocar daños a especies protegidas sin que necesariamente se considere que hubo una acción dirigida contra ellas.

La modificación genera especial atención porque muchas especies en peligro enfrentan amenazas que no necesariamente provienen de la caza directa. La pérdida de hábitat, las actividades productivas, las colisiones con embarcaciones y los accidentes relacionados con la pesca pueden afectar a poblaciones que ya se encuentran bajo presión.

Uno de los casos señalados es el de la ballena franca del Atlántico Norte. De acuerdo con la información citada por La Jornada Maya y AFP, quedan alrededor de 380 ejemplares y entre sus principales amenazas están los enredos con artes de pesca y las colisiones con embarcaciones.

No te pierdas: México busca proteger sus ecosistemas marinos

La conservación enfrenta un nuevo escenario

La decisión forma parte de una serie de cambios regulatorios relacionados con la Ley de Especies en Peligro de Extinción. En septiembre, 20 estados y Washington D.C. presentaron demandas contra la administración federal para cuestionar algunas de estas modificaciones.

Los gobiernos estatales argumentan que las nuevas reglas pueden facilitar actividades industriales en zonas donde viven especies protegidas. Entre las medidas cuestionadas también se encuentra una modificación relacionada con las protecciones para determinadas especies recién incluidas en las listas de amenaza y otra que contempla factores económicos al momento de designar hábitats críticos.