La sobreexplotación representa una de las principales amenazas para la biodiversidad mundial. Miles de animales, plantas y hongos se comercializan para alimentación, moda, medicina, mascotas o materiales. Sin embargo, regular el trafico internacional de vida silvestre no siempre garantiza mejores resultados para las especies.
La Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres (CITES) constituye el principal acuerdo internacional para controlar estas actividades. Actualmente regula el comercio de cerca de 41,000 especies mediante permisos, certificados y restricciones que los países participantes deben aplicar en sus legislaciones.
Durante la reciente CoP20 de CITES en Samarcanda, Uzbekistán, los gobiernos aprobaron 38 de 51 propuestas para modificar controles comerciales. Además, incorporaron 78 especies a la Convención.
El trafico puede cambiar cuando aumentan las restricciones
Las nuevas medidas incluyen especies como mantarrayas, rayas diablo, aves y plantas. Para algunas, el comercio internacional tendrá mayores controles. En otros casos, quedará prohibida la comercialización internacional de ejemplares extraídos de poblaciones silvestres.
Aunque estas decisiones buscan reducir la explotación, investigadores de la Universidad de Oxford advierten que sus resultados dependen de numerosos factores. Por ejemplo, imponer restricciones puede elevar la percepción de escasez de una especie y aumentar su valor económico.
Además, la presión puede desplazarse hacia otras poblaciones, regiones o especies. Algunas personas también pueden recurrir al comercio ilegal debido a los elevados beneficios económicos, la pobreza, el desconocimiento de las normas o una baja probabilidad de enfrentar sanciones.
Un caso discutido en la CoP20 fue el del semillero piquigrande (Sporophila maximiliani). CITES prohibió el comercio internacional de ejemplares silvestres pese a advertencias de organizaciones de cría en cautiverio. Estas consideran que el periodo necesario para registrar unas 37,000 organizaciones de reproducción podría aumentar temporalmente la captura ilegal.
La conservación necesita considerar también a las comunidades
Los investigadores plantean evaluar las consecuencias ambientales y sociales antes de establecer nuevas restricciones. De esta manera, las autoridades podrían identificar riesgos y diseñar medidas específicas para cada cadena comercial.
La vicuña sudamericana muestra el potencial de este enfoque. Su recuperación combinó controles comerciales con factores como tenencia de la tierra, acceso a recursos, características biológicas y beneficios económicos para comunidades locales y pueblos indígenas.
Por ello, los especialistas proponen integrar las normas de CITES con políticas adaptadas a cada contexto social y ecológico. También consideran necesario analizar derechos de propiedad, leyes, normas comunitarias y comportamiento de quienes participan en las cadenas comerciales.
CITES ha contribuido durante décadas a proteger numerosas especies. No obstante, los investigadores sostienen que prohibir o restringir intercambios no basta por sí mismo. La efectividad depende de cómo se implementen las medidas, de la evolución de los mercados y de la capacidad para detectar consecuencias inesperadas antes de que generen nuevas amenazas para la biodiversidad.
