La antigua Morocha desapareció para permitir la expansión de Toromocho, una de las minas de cobre más importantes de Perú. El proyecto, operado por la empresa china Chinalco en Junín, transformó el territorio donde durante décadas vivieron miles de personas.
Las últimas cinco familias que permanecían en la antigua Morococha fueron desalojadas en diciembre de 2025. Más de 200 policías participaron en el operativo autorizado mediante una medida cautelar solicitada por Chinalco. Posteriormente, las viviendas fueron demolidas.
El proyecto procesa alrededor de 170 mil toneladas de roca mineralizada diariamente y aporta 8.5% de la producción nacional de cobre. Su crecimiento ocurre mientras aumenta la demanda internacional del metal para redes eléctricas, tecnologías renovables y dispositivos electrónicos.
Morocha refleja el costo territorial de la demanda de cobre
Hace aproximadamente 15 años, Chinalco construyó Nueva Morococha para trasladar a más de 5 mil habitantes que vivían cerca de sus operaciones. La inversión alcanzó 50 millones de dólares.
Sin embargo, algunas familias rechazaron el traslado. Antes del desalojo definitivo permanecieron durante años entre escombros, sin servicios de agua ni electricidad y expuestas a las explosiones procedentes de las operaciones mineras.
El abogado Carlos Castro Torres sostiene que el último desalojo fue irregular y presentó un proceso de amparo. Además, un juez pidió al Ministerio Público investigar a Chinalco por presuntamente incumplir una prohibición de destruir las viviendas.
Las consecuencias continúan para antiguos residentes. Yolit Alejo Bonifacio asegura que perdió sus pertenencias y animales durante el operativo. Actualmente mantiene un pequeño negocio en Paucará. Elvis Atachahua, por su parte, repara equipos electrónicos en Nueva Morococha, pero señala que encuentra pocos clientes.
La nueva ciudad enfrenta problemas económicos y ambientales
El reasentamiento tampoco terminó con los riesgos. Un estudio de impacto ambiental elaborado por Knight Piésold encontró concentraciones de arsénico y plomo superiores a los estándares permitidos en varias muestras del terreno de Nueva Morococha. Algunos registros alcanzaron niveles hasta ocho y once veces mayores.
Asimismo, documentos oficiales han advertido sobre exposición a inundaciones, sismos y licuación de suelos. CENEPRED también calificó como de riesgo no mitigable el bofedal donde se construyó la nueva ciudad.
A ello se suma la pérdida de actividad económica. Actualmente viven allí alrededor de 500 familias, mientras numerosos puestos del mercado permanecen cerrados y el terminal terrestre registra poca actividad. Una investigación de la Universidad Nacional del Centro del Perú señaló que, en 2017, 52% de la población estaba desempleada y 80% consideraba que el reasentamiento había perjudicado su trabajo.
La matrícula escolar también refleja el descenso poblacional. Pasó de aproximadamente 700 estudiantes anuales en la antigua localidad a 196 alumnos al comenzar 2026 en el colegio secundario mencionado en el reportaje.
Mientras tanto, Perú consolidó su posición como tercer productor mundial de cobre. Sus exportaciones superaron 2.7 millones de toneladas y 28 mil 130 millones de dólares al cierre de 2025. China recibió 75% de esa producción.
El caso muestra una de las contradicciones de la transición energética. El cobre resulta fundamental para reducir la dependencia de combustibles fósiles, pero aumentar su extracción también puede trasladar importantes costos sociales y ambientales hacia las comunidades productoras.
