La segunda vuelta presidencial de Brasil, prevista para el domingo 25 de octubre, definirá también el rumbo de las políticas ambientales que protegen la mayor selva tropical del planeta. Aunque la conservación forestal ha ocupado un espacio limitado en la campaña, los candidatos presentan propuestas distintas sobre explotación de recursos, controles ambientales y territorios indígenas.
La Amazonia, fundamental para regular el clima y almacenar carbono, enfrenta presiones por la ganadería, la agricultura, la minería y la expansión de actividades económicas. Su deterioro preocupa a científicos que advierten sobre la posibilidad de que algunas regiones pierdan su capacidad de regeneración.
En este contexto, Luiz Inácio Lula da Silva y Flávio Bolsonaro llegan a la segunda vuelta con posiciones diferentes sobre el desarrollo económico y la protección de los ecosistemas.
Amazonia registra una reducción histórica de la deforestación
Durante la administración de Lula, la deforestación amazónica disminuyó 71%, hasta alcanzar su nivel más bajo desde 1988. En contraste, durante el gobierno de Jair Bolsonaro, entre 2019 y 2022, aumentó aproximadamente 60%.
Desde 2023, el Gobierno recuperó programas de vigilancia ambiental, sanciones contra actividades ilegales y operaciones para retirar invasores de áreas protegidas.
Además, creó el Ministerio de los Pueblos Indígenas, encabezado por Sônia Guajajara, y avanzó en el reconocimiento de una veintena de territorios indígenas.
Lula también impulsó incentivos económicos para conservar los bosques y convirtió la protección ambiental en parte de su agenda internacional, incluida la celebración de la COP30 en Belém.
Los candidatos plantean políticas ambientales diferentes
Flávio Bolsonaro propone flexibilizar regulaciones para propietarios rurales, permitir actividades mineras en tierras indígenas y modificar las obligaciones de conservación de vegetación nativa.
También ha manifestado su intención de detener nuevos procesos de demarcación indígena, mientras existen 286 procedimientos pendientes.
Por su parte, Lula plantea mantener las medidas de conservación y continuar con el reconocimiento territorial de las comunidades originarias.
La dirigente indígena Alessandra Munduruku expresó preocupación por las amenazas que enfrentan los pueblos amazónicos y por las posibles consecuencias de cambios en las políticas de protección.
El debate también alcanza la explotación de tierras raras, los proyectos energéticos y las regulaciones sobre emisiones contaminantes.
Más de 27 millones de personas viven en la parte brasileña de esta selva, donde la agricultura y la ganadería representan importantes fuentes de ingresos.
Por ello, el futuro de la Amazonia involucra tanto la conservación de su biodiversidad como las condiciones económicas y los derechos territoriales de sus habitantes.