La comunidad garífuna de Cayos Cochinos, Honduras, mantiene un plantón para defender su territorio y exigir garantías ambientales ante las actividades televisivas realizadas en el archipiélago. El conflicto se intensificó después de una orden de desalojo y amenazas de arresto contra integrantes de la resistencia.
Los pobladores cuestionan el rodaje de un programa de Cuarzo Producciones y sostienen que estas actividades se desarrollan sin una consulta previa adecuada. También denuncian afectaciones sobre su pesca, su movilidad y áreas utilizadas por fauna silvestre. La filmación cuenta con resguardo de fuerzas de seguridad hondureñas.
El reclamo tiene además un antecedente jurídico relevante. La Corte Interamericana de Derechos Humanos declaró responsable a Honduras por no garantizar la consulta previa, libre e informada de esta población en decisiones que incluyeron actividades televisivas y la gestión del área protegida.
Comunidad garífuna exige proteger territorio y tortugas
Mabel Robledo, integrante de la Organización Fraternal Negra Hondureña (Ofraneh), sostiene que el plantón también busca proteger zonas utilizadas para el desove de la tortuga carey. Los habitantes denuncian que las restricciones y el despliegue relacionado con la filmación interfieren con actividades cotidianas en la zona.
Robledo también afirma que no existe un estudio de impacto ambiental sobre los reality shows. Según su testimonio, los habitantes han observado daños ambientales durante años, aunque esas denuncias comunitarias no equivalen por sí mismas a una evaluación científica que determine su magnitud.
Los pescadores señalan además una contradicción en el manejo del territorio. Aseguran que enfrentan restricciones para practicar pesca artesanal y buceo en determinadas áreas, pese a que ambas actividades forman parte de su subsistencia tradicional.
La Corte IDH confirmó que el vínculo de esta población con el mar y la pesca artesanal forma parte de su subsistencia e identidad cultural. También determinó que Honduras vulneró derechos relacionados con propiedad colectiva, participación, información y uso efectivo de su hábitat.
La protección ambiental se cruza con derechos territoriales
Cayos Cochinos no representa únicamente un escenario para producciones televisivas. Se trata de un área protegida donde las decisiones sobre conservación han tenido efectos directos sobre las comunidades que históricamente utilizan sus recursos marinos.
Precisamente por ello, la Corte Interamericana determinó que las restricciones sobre pesca, actividades turísticas y producciones televisivas debían considerar los derechos de los habitantes. La sentencia también estableció que el Estado no garantizó adecuadamente su participación y consulta.
El conflicto actual mantiene esa discusión abierta. Cerca de 100 personas permanecían en el campamento coordinado por Robledo, mientras fuerzas de seguridad se encontraban desplegadas en las inmediaciones. Además, existían órdenes de arresto contra nueve integrantes de la resistencia si permanecían en el lugar.
Así, la disputa no se limita al rodaje de un programa. Para los habitantes, también involucra quién puede decidir sobre el uso de un territorio marino protegido, qué actividades pueden realizarse y cómo deben evaluarse sus consecuencias ambientales.
