Ambiente

De solución a problema: los pinos invaden Nueva Zelanda y cuestan millones frenarlos

Los pinos invasores en Nueva Zelanda pasaron de ser una solución ecológica a convertirse en un problema ambiental de gran escala.

Lo que inició como un ambicioso plan de reforestación hoy representa un desafío que ha costado al país más de 150 millones de dólares en intentos por contener su expansión.

Durante décadas, las coníferas fueron elegidas por sus ventajas: crecen rápido, resisten condiciones adversas y producen madera útil. Sin embargo, esa misma capacidad de adaptación se salió de control. Sus semillas, capaces de viajar largas distancias con el viento, comenzaron a invadir territorios fuera de las plantaciones.

Pinos invasores en Nueva Zelanda: una expansión sin control

Actualmente, más de dos millones de hectáreas están afectadas por estas especies. Antes de implementar medidas de control, su crecimiento alcanzaba hasta 90 mil hectáreas por año.

El impacto va más allá del paisaje. Estos árboles reducen hasta un 40% la disponibilidad de agua, ya que interceptan la lluvia antes de que llegue al suelo, afectando ríos, acuíferos y hasta la generación de energía hidroeléctrica.

Además, desplazan a especies nativas, alteran ecosistemas y reducen áreas destinadas a la agricultura. Su presencia también incrementa el riesgo de incendios forestales, complicando aún más la situación.

Un problema costoso y difícil de revertir

Paradójicamente, el origen de este problema está en políticas gubernamentales de los años 60 y 70, cuando se plantaron especies como Pinus radiata y Pseudotsuga menziesii para proteger tierras y evitar la deforestación.

Hoy, el país enfrenta las consecuencias. Desde 2015 se implementó una estrategia nacional para controlar estas coníferas con el objetivo de erradicarlas para 2030, aunque expertos consideran que esta meta es poco realista.

La falta de financiamiento constante ha dificultado los avances, ya que las zonas intervenidas suelen ser invadidas nuevamente.

El debate ahora gira en torno a quién debe asumir los costos: el gobierno, la industria maderera o sectores afectados como el energético.

Este caso deja una lección clara: incluso las soluciones ambientales pueden convertirse en problemas si no se gestionan con visión a largo plazo.

Con información de Xataka.

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