Las especies en peligro de extinción en Estados Unidos enfrentan un nuevo escenario tras la decisión del Gobierno de Donald Trump de revocar una protección vigente durante cinco décadas. La medida modifica un elemento central de la Ley de Especies en Peligro de Extinción y abre la puerta a actividades económicas en hábitats esenciales para la supervivencia de numerosas poblaciones de fauna silvestre.
La Administración estadounidense argumentó que el cambio permitirá agilizar la aprobación de proyectos y reducir obstáculos para el desarrollo de actividades productivas. Sin embargo, organizaciones ambientales sostienen que la decisión podría incrementar los riesgos para ecosistemas que albergan especies vulnerables.
¿Cómo afecta la medida a las especies en peligro?
La modificación elimina una definición que consideraba como «daño» la alteración o degradación del hábitat cuando esta afectaba procesos fundamentales como la alimentación, la reproducción o el refugio de la fauna. Con este cambio, proyectos relacionados con la tala, la minería y otras actividades de desarrollo podrían avanzar en áreas donde antes existían mayores restricciones.
El secretario del Interior, Doug Burgum, afirmó que durante años la legislación limitó el aprovechamiento de tierras y frenó proyectos económicos. Según el Gobierno, la actualización busca equilibrar la protección ambiental con el crecimiento de la actividad productiva.
Ambientalistas anuncian acciones legales
Diversas organizaciones rechazaron la decisión y anticiparon que acudirán a los tribunales para intentar frenar su aplicación. Earthjustice sostuvo que la medida carece de sustento científico y jurídico, además de recordar que la Corte Suprema reconoció en 1995 que la destrucción del hábitat podía considerarse un daño directo para las especies protegidas.
Los grupos ambientalistas también señalaron que la conservación de bosques, playas, ríos y humedales constituye uno de los pilares de la Ley de Especies en Peligro de Extinción. Asimismo, advirtieron que la flexibilización de estas normas podría afectar a numerosas especies terrestres y marinas, incluidas ballenas y tortugas, cuyos hábitats continúan bajo presión por distintos proyectos de desarrollo.
