Continúa el conflicto ambiental en playa Las Cocinas
El conflicto por las obras realizadas en playa «Las Cocinas» de Punta de Mita, Nayarit, volvió a intensificarse luego de que integrantes del colectivo Batalla por la Playa acusaran a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) de cambiar su postura sobre el futuro de una escollera construida por la empresa Cantiles de Mita, perteneciente al Grupo Dine.
Los activistas aseguran que la estructura invade parte de la Zona Federal Marítimo Terrestre (Zofemat) y afecta un área utilizada cada año por tortugas marinas para anidar. También sostienen que la decisión conocida recientemente contradice los acuerdos alcanzados durante meses de diálogo con las autoridades ambientales.
La controversia surgió después de que una tarjeta informativa de la Semarnat señalara que retirar completamente la escollera «podría no ser la solución más viable». En su lugar, la dependencia planteó conservar la estructura bajo un programa de restauración ambiental, recuperación de vegetación nativa y garantía de acceso público a la playa.
Integrantes del movimiento afirman que conocieron esa postura a través de publicaciones periodísticas y no mediante una comunicación oficial. Consideran que ello debilita la confianza construida durante las mesas de trabajo realizadas con las autoridades.
Pese a ello, la Semarnat aseguró que continúa actuando en el caso y confirmó que la concesión otorgada a la empresa permanece en proceso de revocación.
El caso cobró notoriedad en abril, cuando habitantes de Punta de Mita protestaron para detener las obras y denunciaron posibles afectaciones ambientales. Posteriormente, la Secretaría de Gobernación reiteró que el libre acceso a las playas constituye un derecho que debe garantizarse conforme a la legislación mexicana.
Grupo Dine ha sostenido que los trabajos fueron realizados con base en autorizaciones emitidas por la propia Semarnat y afirmó que la construcción no limita el tránsito de residentes ni visitantes. Además, señaló que la concesión sobre la Zofemat no implica propiedad sobre la playa, sino la responsabilidad de administrar el área conforme a la normativa vigente.
La legislación mexicana establece que la franja de 20 metros contigua al mar es un bien de dominio público que no puede privatizarse. Sin embargo, el Gobierno federal puede otorgar concesiones temporales para desarrollar determinadas actividades, siempre sujetas al cumplimiento de las condiciones ambientales y legales correspondientes.
Mientras las investigaciones administrativas continúan, la comunidad mantiene la exigencia de restaurar el ecosistema costero y garantizar que el acceso a la playa permanezca libre para toda la población.
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