Protección ambiental de Sierra de la Laguna
Habitantes y rancheros de Sierra de la Laguna, en Baja California Sur, convocaron a la ciudadanía a participar en las consultas públicas de Semarnat. Buscan presentar argumentos contra dos proyectos que, consideran, podrían afectar ecosistemas y recursos hídricos de esta reserva.
Elizabeth Álvarez Rosas, ranchera del Cañón de San Dionisio, explicó que dos Manifestaciones de Impacto Ambiental están en consulta. Ambas corresponden a iniciativas relacionadas con Hermandad en Armonía y plantean intervenciones dentro de la sierra o en sus inmediaciones.
Uno de los proyectos se ubica en el predio San Miguelito y contempla establecer una Unidad de Manejo Ambiental denominada Centro de Educación, Investigación y Conservación Ambiental. Su actividad estaría enfocada principalmente en reproducción y conservación del venado bura.
Los habitantes cuestionan el objetivo de reproducir estos animales, cuál sería su destino y dónde serían introducidos. En ese predio anteriormente se promovió el proyecto Santuario del Tío Checo, relacionado también con reproducción e introducción de especies.
La segunda propuesta contempla trabajos de restauración y construcción de cabañas. Los opositores advierten sobre posibles consecuencias ambientales debido a la relevancia de la sierra para la captación de agua que abastece a La Paz y Los Cabos.
La movilización ocurre mientras pobladores continúan vigilando las actividades realizadas en la reserva. Álvarez Rosas aseguró que materiales transportados previamente mediante helicópteros permanecen en la zona sin utilizarse ni retirarse.
También se reportaron nuevos sobrevuelos durante cinco días consecutivos de julio. Ante esta situación, los rancheros contemplan realizar otra visita de vigilancia a la zona núcleo.
Además, ciudadanos recabaron firmas para solicitar a la presidenta Claudia Sheinbaum la expropiación de la zona núcleo correspondiente al predio Nuestra Señora del Rosario, vinculado con Hermandad en Armonía.
Los habitantes sostienen que la categoría de Área Natural Protegida no resulta suficiente para impedir desarrollos que consideran incompatibles con la conservación. Por ello, mantienen como prioridades la participación en las consultas ambientales y una mayor protección jurídica del territorio.
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