Nevada llevó a los tribunales su disputa por el futuro del río Colorado después de años de defender la negociación entre los estados que dependen de esta fuente de agua. La demanda cuestiona el nuevo plan federal para enfrentar la reducción de los caudales y los bajos niveles de los principales embalses.

El estado sostiene que las medidas podrían imponer recortes desproporcionados al suministro del área de Las Vegas. En el escenario más extremo planteado por sus autoridades, la reducción podría alcanzar 71%, algo que consideran una amenaza para el principal núcleo urbano y económico estatal.

La decisión resulta significativa porque el sur del estado se convirtió en referente de conservación hídrica. Las Vegas redujo aproximadamente 58% su consumo de agua por habitante en unas dos décadas, mediante reutilización, restricciones al césped y controles sobre fuentes ornamentales.

Nevada cuestiona el reparto de los recortes de agua

El conflicto surge después de más de dos años de negociaciones entre los siete estados de la cuenca y el Gobierno federal. La falta de un acuerdo duradero llevó al Departamento del Interior a establecer su propio esquema para impedir que el descenso de los embalses comprometa la generación hidroeléctrica y las operaciones de las presas.

El plan concentra buena parte de las reducciones en la Cuenca Baja, integrada por Arizona, California y Nevada. Las autoridades nevadenses argumentan que el Gobierno interpretó incorrectamente las normas existentes y no evaluó alternativas capaces de evitar restricciones tan severas.

El escenario del 71% dependería de una caída adicional de los embalses y de la ausencia de un acuerdo con Arizona y California para distribuir los recortes. Los tres estados mantienen actualmente un mecanismo para compartir las reducciones.

A diferencia de otras entidades, el suministro procedente del Colorado se destina casi completamente al consumo urbano en el estado. Las reducciones afectarían directamente a Las Vegas, mientras otras regiones pueden disminuir temporalmente el uso agrícola para afrontar la escasez.

La demanda aumenta la incertidumbre sobre el río Colorado

El estado también cuestiona el procedimiento realizado bajo la Ley Nacional de Política Ambiental (NEPA). Alega que las autoridades federales no consideraron suficientemente las consecuencias económicas para Las Vegas ni analizaron soluciones alternativas, incluidas posibles modificaciones relacionadas con la presa Glen Canyon.

La demanda introduce incertidumbre sobre las operaciones previstas para los próximos años, aunque todavía no solicita suspender inmediatamente el plan federal.

El litigio tampoco significa necesariamente el final de las negociaciones. Especialistas consideran que los estados pueden continuar acordando cómo compartir la escasez mientras avanza el proceso judicial.

La disputa refleja el desafío central de la cuenca: distribuir una cantidad de agua cada vez menor entre ciudades, agricultura, comunidades indígenas y ecosistemas, mientras una sequía prolongada, el consumo excesivo y el cambio climático mantienen bajo presión al río Colorado.

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