El avance del proyecto PSJ Cobre Mendocino ha reactivado uno de los conflictos socioambientales más importantes de Mendoza. Mientras el gobierno provincial lo presenta como una oportunidad para atraer inversiones y fortalecer la transición energética, vecinos, comunidades indígenas y especialistas sostienen que el verdadero debate no gira en torno al cobre, sino al agua, un recurso cada vez más escaso en la provincia argentina.
La aprobación de la Declaración de Impacto Ambiental (DIA) volvió a colocar en el centro de la discusión el futuro de la cuenca hídrica de Uspallata y los posibles efectos que tendría la explotación minera sobre los ecosistemas y las actividades productivas.
El agua concentra las principales preocupaciones
Mendoza enfrenta desde hace años una crisis hídrica agravada por las sequías, el retroceso de los glaciares y la disminución de la nieve acumulada en la cordillera. En ese contexto, cualquier proyecto que demande grandes volúmenes del recurso genera preocupación entre la población.
De acuerdo con el Informe de Impacto Ambiental, la mina utilizaría 141 litros por segundo del arroyo El Tigre, el único curso permanente de la zona. El documento sostiene que la fuente puede abastecer esa demanda, aunque reconoce que disminuiría parte de la recarga hacia la Ciénaga de Yalguaraz, un humedal que depende de la misma cuenca.
El proyecto contempla una inversión cercana a los 600 millones de dólares impulsada por Zonda Metals GmbH, de Suiza, y Alberdi Energy, de Argentina. Se trata del primer desarrollo de megaminería metalífera previsto en la provincia.
Comunidades cuestionan riesgos y beneficios del proyecto
Habitantes de Uspallata, organizaciones ambientales y comunidades indígenas consideran que el proyecto podría comprometer la disponibilidad del recurso hídrico y afectar la calidad de las aguas subterráneas. También expresan preocupación por el uso de sustancias químicas durante el proceso de flotación y por la ubicación de los depósitos de residuos en una zona con actividad sísmica.
Las críticas también alcanzan el proceso de autorización. Diversos sectores cuestionan que la audiencia pública se realizara a más de 3.000 metros de altitud, a 44 kilómetros del pueblo y en horario laboral, condiciones que, afirman, limitaron la participación ciudadana.
Por su parte, el gobierno de Alfredo Cornejo sostiene que el cobre representa una oportunidad para diversificar la economía provincial mediante inversiones, empleo y exportaciones vinculadas a la transición energética. Sin embargo, investigadores de la Universidad Nacional de Cuyo advierten que las cifras de empleo difundidas públicamente difieren de las contenidas en el expediente técnico y señalan que buena parte de la tecnología y los equipos serían importados, reduciendo el impacto económico local.
Especialistas también recuerdan que el concentrado mineral incluiría oro, plata y molibdeno, además de cobre, y que la mayor parte de estos materiales saldría del país sin procesar.
El conflicto refleja un debate que se repite en distintas regiones de América Latina: el desafío de impulsar la producción de minerales estratégicos para la transición energética sin comprometer los recursos naturales de las comunidades. En Mendoza, para muchos habitantes, la discusión continúa teniendo un protagonista indiscutible: el agua.
