Gobierno de Argentina disputa explotación petrolera en Malvinas
La disputa por los recursos naturales de las Islas Malvinas llegó a una nueva instancia internacional. El Gobierno de Argentina solicitó medidas provisionales ante el Tribunal Internacional del Derecho del Mar para impedir que Reino Unido avance con un proyecto de explotación petrolera en aguas del archipiélago.
La petición busca detener el desarrollo de Sea Lion, una iniciativa valorada en 2 mil 200 millones de dólares que contempla extraer hidrocarburos de un yacimiento situado aproximadamente a 220 kilómetros al norte de las islas.
El gobierno de Javier Milei sostiene que las actividades vulneran los derechos soberanos que reclama sobre la plataforma continental. Sin embargo, las autoridades británicas rechazan esa interpretación y defienden la legalidad del proyecto.
La solicitud llegó al tribunal con sede en Hamburgo, Alemania, después de que Buenos Aires exigiera a Reino Unido suspender las actividades de exploración y explotación de hidrocarburos en la zona.
El organismo judicial, establecido mediante la Convención de Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar, interviene en controversias relacionadas con la interpretación y aplicación de las normas marítimas internacionales.
Por su parte, Reino Unido sostiene que Sea Lion se encuentra dentro de la plataforma continental correspondiente a las Islas Malvinas, territorio que administra actualmente.
La representante británica Uma Kumaran afirmó que el proyecto cuenta con autorización de las autoridades locales y rechazó que Buenos Aires tenga jurisdicción sobre esas operaciones.
La controversia mantiene posiciones históricamente enfrentadas. Mientras el gobierno argentino reclama la soberanía del archipiélago, Londres sostiene que sus habitantes tienen derecho a decidir su futuro político.
Las empresas Navitas Petroleum, de Israel, y Rockhopper Exploration, de Reino Unido, impulsan el desarrollo del yacimiento, cuya producción está prevista para 2028.
La iniciativa podría modificar la economía de las islas, actualmente vinculada principalmente a la actividad pesquera. No obstante, su avance también ha intensificado las tensiones diplomáticas.
Además de recurrir a instancias internacionales, el gobierno argentino ha impulsado acciones legales contra participantes del proyecto y propuesto ampliar las sanciones a empresas relacionadas con la explotación de recursos sin su autorización.
La disputa ocurre en un territorio que Reino Unido controla desde 1833 y que fue escenario de una guerra en 1982. Aquel conflicto dejó 649 militares argentinos, 255 británicos y tres civiles isleños fallecidos.
Por ahora, el tribunal deberá examinar la solicitud de medidas provisionales. La presentación del recurso no implica que haya ordenado suspender las operaciones petroleras.
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