Entre 2012 y 2019 en México hubo 500 ataques contra ambientalistas. En 2020 fueron asesinadas 227 personas defensoras de la tierra y el medio ambiente por oponerse a la actividad minera y su consecuente tala de bosques, desplazamiento de comunidades, contaminación de suelos, ríos y arroyos, afirma el doctor David Chacón Hernández, investigador de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM).
De acuerdo con el informe del Global Witness de 2021, México, Colombia y Filipinas son los países más peligrosos, además de que los pueblos indígenas –a pesar de que son sólo cinco por ciento de la población mundial– han sido víctimas de la tercera parte de los ataques mortales, en los cuales están involucradas grandes empresas relacionadas con negocios de dominio y adquisición de recursos existentes en sus territorios.
Tan sólo en el país se cometieron cerca de 500 ataques contra ambientalistas, de los cuales 141 estuvieron vinculados a protestas contra proyectos de generación eléctrica, 71 de minería, contando que cerca de 80 por ciento fueron agresiones mortales dirigidas a nativos entre 2012 y 2019, según el Centro Mexicano de Derecho Ambiental (CEMDA).
En su artículo La defensa del medio ambiente en la perspectiva de los pueblos indígenas. Ambientalismo local o ambientalismo global, publicado en la revista El Cotidiano, el académico del Departamento de Derecho de la sede Azcapotzalco sostiene que la explotación de los bienes naturales en regiones autóctonas es una actividad de mucho interés para las compañías extractivistas nacionales y multinacionales, las cuales muchas veces señalan que sus procesos de producción son amigables con el medio ambiente.
Sin embargo, a pesar de ese dicho, no cesan de proveerse del capital que es para ellos materia prima, por lo que es claro que el costo que por ello obtienen no merma su ganancia y no mostrarían sensibilidad para eliminar cualquier obstáculo.
“Lavan su conciencia con ayudas pírricas a través de fundaciones que financian programas ambientales, mientras corrompen a los líderes de las comunidades y, en su caso, encuentran quienes los eliminen, pero al final las compañías no son sancionadas por los crímenes de los ambientalistas, sino por personas a quienes pagan por hacer el trabajo sucio y, la mayoría de las veces, a indígenas mismos”.
Fuente: UAM
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