Tras agotar instancias legales contra cobros duplicados, Banco Azteca y Grupo Salinas reportan el pago de 319 mil mdp al SAT.
El desenlace de los litigios fiscales más mediáticos del ámbito corporativo en México marca un precedente en materia procesal tributaria. Luego de agotar los recursos de defensa jurídica en las distintas instancias del Poder Judicial, Grupo Salinas dio por terminado el periodo de controversias legales e hizo pública la documentación contable que avala una recaudación histórica acumulada de más de 319 mil millones de pesos entregados a la federación entre 2005 y julio de 2026.
La disputa legal, formalmente concluida en enero pasado, tuvo como eje la impugnación técnica de créditos fiscales que la empresa consideró una doble imposición sobre la misma base de ingresos gravables. Una vez emitidas las sentencias definitivas por los tribunales federales, el consorcio acató los fallos judiciales e inició los procedimientos administrativos necesarios para cubrir los importes determinados por el Servicio de Administración Tributaria.
Los comprobantes oficiales expedidos por la autoridad hacendaria detallan el cumplimiento puntual de cada subsidiaria. En el caso de TV Azteca, la empresa cubrió en su totalidad las obligaciones derivadas de las resoluciones judiciales mediante cinco pagos formalizados que superan los 4 mil millones de pesos. Por su parte, la división comercial y de financiamiento al consumo, donde operan Banco Azteca y Grupo Elektra, avanza conforme al calendario pactado con el fisco, sumando, al corte de julio, ocho pagos certificados que rebasan los 13 mil 600 millones de pesos.
Para disipar especulaciones sobre su situación tributaria, el grupo habilitó una plataforma digital de consulta pública donde se cargarán mensualmente los comprobantes emitidos por la tesorería pública. El término definitivo de estos procesos judiciales permite a la firma disipar contingencias y concentrar su capacidad operativa en la inclusión crediticia, el comercio minorista y el respaldo a más de 200 mil familias que dependen de su infraestructura laboral en el país.
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