imagen tomada de jornada.com.mx
Una coalición de organizaciones ambientales y de salud presentó una demanda contra el gobierno de Donald Trump tras la eliminación de una norma fundamental para regular los gases de efecto invernadero en Estados Unidos.
La acción legal, interpuesta en Washington, sostiene que la revocación anunciada por el mandatario la semana pasada carece de sustento legal y pone en riesgo políticas diseñadas para proteger la salud pública y el medio ambiente.
El conflicto surge después de que Trump derogara el 12 de febrero una decisión adoptada en 2009 durante el gobierno de Barack Obama, conocida como “Constatación de peligro”. Este documento establecía que seis gases contaminantes representaban un riesgo para la salud, y servía como base para diversas regulaciones federales, especialmente en el sector automotriz.
Para las organizaciones demandantes, eliminar este marco legal debilita la lucha contra la contaminación y el cambio climático.
En el escrito judicial, argumentan que los motivos expuestos por la administración ya habían sido analizados y rechazados anteriormente por tribunales.
David Pettit, abogado del Center for Biological Diversity, afirmó que la demanda busca impedir que el gobierno desmantele políticas ambientales en beneficio de la industria petrolera.
El gobierno de Trump defiende la decisión al asegurar que reducirá costos regulatorios y generará ahorros superiores a un billón de dólares, además de abaratar el precio de los automóviles nuevos.
Sin embargo, los grupos impulsores del recurso legal entre ellos la American Lung Association, el Clean Air Council, la Union of Concerned Scientists y el Sierra Club, sostienen que los beneficios económicos no justifican el impacto ambiental y sanitario que podría derivarse de la medida.
El presidente ha restado importancia a los señalamientos sobre posibles efectos en la salud o el clima, reiterando su postura de que el calentamiento global provocado por la actividad humana no está demostrado.
El caso ahora queda en manos de la justicia, que deberá determinar si la eliminación de esta norma clave se ajusta o no a la legalidad.
Con información de La Jornada.
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