Organizaciones ambientalistas, investigadores y académicos solicitaron que La Cazahuatera, ubicada en Cuernavaca, Morelos, sea declarada Área Natural Protegida y Jardín Botánico Temático. Los promoventes consideran que esta medida permitiría conservar uno de los últimos fragmentos de selva baja caducifolia que permanecen dentro de la zona urbana de la ciudad.
Durante una conferencia de prensa, los participantes también expresaron su rechazo al proyecto inmobiliario Altoverde, impulsado por la empresa Portenta Hábitat, al considerar que pondría en riesgo un ecosistema de gran valor ambiental.
La Cazahuatera conserva uno de los últimos espacios de selva urbana
El predio abarca cerca de cinco hectáreas y se ubica entre el Paso Exprés, una tienda comercial y las instalaciones de la delegación estatal de la Fiscalía General de la República.
De acuerdo con los especialistas, el terreno alberga alrededor de mil 600 árboles nativos y sirve como refugio para diversas especies de fauna silvestre. Además, la selva baja caducifolia contribuye a regular la temperatura, favorecer la infiltración de agua al subsuelo y preservar la biodiversidad en una zona que ha perdido gran parte de este ecosistema por el crecimiento urbano.
Los ambientalistas señalaron que el proyecto Altoverde contempla la construcción de seis torres residenciales de hasta 15 niveles, lo que implicaría la desaparición de este espacio natural.
Colectivos cuestionan la viabilidad del proyecto Altoverde
Las organizaciones afirmaron que el desarrollo inmobiliario no cuenta actualmente con permisos de construcción ni con una Manifestación de Impacto Ambiental autorizada. También cuestionaron el cambio de uso de suelo promovido para el predio.
Según explicaron, el terreno forma parte de la Unidad de Gestión Ambiental 139 del Programa de Ordenamiento Ecológico Territorial de Cuernavaca, donde la normatividad vigente no contempla asentamientos humanos, por lo que consideran que el proyecto resulta incompatible con las disposiciones ambientales.
Respaldados por decenas de investigadores, académicos y ciudadanos, los colectivos propusieron emitir una declaratoria oficial que garantice la protección del predio. Aseguraron que esta figura permitiría conservar su riqueza biológica y convertir el sitio en un espacio destinado a la educación ambiental, la investigación científica y la recreación de la población.
