La expansión de los data centers vinculados con la inteligencia artificial enfrenta una oposición creciente en Estados Unidos. Las preocupaciones abarcan desde su elevado consumo de electricidad y agua hasta la contaminación y el posible aumento de las tarifas que pagan los hogares.
Más de una docena de estados han considerado establecer moratorias para estas instalaciones. Nueva York aprobó una suspensión temporal, mientras legisladores como Bernie Sanders y Alexandria Ocasio-Cortez han planteado una medida similar a escala nacional. Incluso Texas ha considerado limitar nuevos proyectos en determinadas zonas rurales.
El rechazo también aparece entre la población. Una encuesta de Gallup encontró que siete de cada 10 estadounidenses se oponen a construir centros destinados a inteligencia artificial cerca de sus comunidades, mientras 48% manifestó una oposición firme.
Data centers elevan la presión sobre electricidad y agua
Estas instalaciones necesitan enormes cantidades de energía para operar servidores y sistemas de refrigeración. El crecimiento acelerado de la demanda puede exigir nuevas plantas, líneas de transmisión y otras inversiones en infraestructura eléctrica.
El impacto sobre los recibos se ha convertido en una preocupación especialmente sensible. Aproximadamente una quinta parte de los participantes en la encuesta mencionó posibles consecuencias económicas como motivo para rechazar estos proyectos.
Los precios de los servicios eléctricos aumentaron 4% interanual en junio, según datos federales, un incremento superior a la inflación.
A las inquietudes económicas se suman los efectos ambientales. Organizaciones y comunidades cuestionan el volumen de agua utilizado para refrigerar equipos, además del riesgo de contaminación asociado con algunas instalaciones. El debate aumenta conforme las compañías tecnológicas construyen más infraestructura para satisfacer la demanda de inteligencia artificial.
Un compromiso voluntario genera dudas sobre su eficacia
La situación representa un desafío para el Gobierno de Donald Trump, que busca convertir a Estados Unidos en líder mundial de inteligencia artificial mientras promete reducir los costos eléctricos.
Su administración impulsó el denominado Ratepayer Protection Pledge, respaldado por cerca de 200 compañías, empresas eléctricas, desarrolladores y estados. El acuerdo plantea que las compañías tecnológicas cubran tanto la electricidad consumida como la nueva infraestructura necesaria para conectar sus instalaciones a la red.
Sin embargo, el compromiso es voluntario y no establece sanciones claras para quienes incumplan. Organizaciones ambientales como Sierra Club y Evergreen Action cuestionan que pueda proteger realmente a los consumidores.
Ante estas dudas, funcionarios y especialistas han propuesto alternativas más estrictas. Entre ellas aparecen tarifas específicas para grandes instalaciones tecnológicas y moratorias que frenen nuevas construcciones hasta establecer regulaciones sobre su demanda energética.
El crecimiento de la inteligencia artificial abre así un debate que trasciende al sector tecnológico. Las comunidades buscan determinar quién asumirá los costos económicos y ambientales de una infraestructura cuya expansión podría transformar considerablemente el consumo de recursos.
