En el contexto del escándalo que involucra a la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado (CAPA), los gobiernos federal y estatal de Quintana Roo dieron a conocer una inversión superior a los 210 millones de pesos destinada a la ampliación y modernización de la planta de tratamiento de aguas residuales en Cozumel, operada por dicha comisión. El propósito es duplicar su capacidad operativa y evitar la contaminación del acuífero subterráneo.
Actualmente, la planta tiene una capacidad de procesamiento de 110 litros por segundo, aunque la demanda supera los 200 litros por segundo. Por ello, el proyecto se desarrollará en dos etapas: la primera contempla una inversión de 123 millones de pesos, mientras que la segunda, programada para noviembre de 2025, requerirá otros 90 millones de pesos.
“Esta inversión permitirá subsanar años de rezago y evitará el vertido de aguas negras, protegiendo así el entorno natural de la isla”, declaró el presidente municipal, José Luis Chacón Méndez.
El objetivo es que, para el año 2026, la planta San Miguelito alcance una capacidad de tratamiento de 230 litros por segundo, lo que también facilitará el aprovechamiento de aguas tratadas.
Esta inversión se anuncia en medio de una crisis de confianza para la CAPA, luego de que circularan en redes sociales denuncias sobre desbordamientos de aguas residuales que han afectado el acuífero y dañado el ecosistema en la zona norte de Cozumel. A esto se suma una indagatoria por presunto desvío de fondos públicos dentro del organismo.
De acuerdo con información no oficial, se habría detectado un peculado superior a los 22 millones de pesos, presuntamente cometido por trabajadoras de CAPA y personal de la Dirección de Recuperación de Adeudos y Ejecución Fiscal (DRAEF). Parte de estos recursos habrían sido utilizados para adquirir criptomonedas y financiar viajes a Europa, sin autorización institucional.
La Fiscalía Anticorrupción ya se encuentra investigando el caso, el cual fue denunciado por el área jurídica de CAPA tras identificar irregularidades financieras en los ejercicios fiscales de 2023 y 2024. Entre las personas señaladas se encuentran tres empleadas conocidas como “Lupita”, “Irene” y “Miriam”, esta última presuntamente jefa de departamento.
También se investiga a una trabajadora de la DRAEF, identificada como “Mónica”, quien habría elaborado convenios de liquidación irregulares por adeudos superiores a 200 mil pesos, permitiendo que usuarios saldaran sus cuentas con pagos mínimos sin reportar los ingresos correspondientes.
Cabe destacar que anteriormente se había asignado un presupuesto de 140 millones de pesos para la construcción de un nuevo módulo de pretratamiento y un tanque de lodos activados. Sin embargo, no se han registrado avances físicos en la planta, lo que ha generado aún más cuestionamientos sobre el uso de los recursos por parte de CAPA.
La expansión de la planta resulta urgente y esencial para reducir los riesgos sanitarios y ambientales que enfrenta Cozumel, aunque el contexto de corrupción y los recientes desbordamientos han puesto en duda la eficacia y transparencia del organismo responsable.
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