La protección de las costas mexicanas enfrenta un nuevo desafío relacionado con las leyes ambientales y los permisos para construir. Organizaciones civiles advierten que algunas disposiciones necesitan mayor claridad para evitar que los desarrollos inmobiliarios afecten manglares, humedales y otros espacios naturales de gran importancia ecológica.
El Centro Mexicano de Derecho Ambiental (CEMDA) presentó propuestas para actualizar la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente. La iniciativa busca establecer responsabilidades más precisas entre las autoridades federales y estatales, además de fortalecer la transparencia en las evaluaciones ambientales.
La protección de los ecosistemas costeros necesita reglas claras
Uno de los principales problemas señalados por CEMDA es la definición legal de ecosistema costero. Según la organización, su interpretación puede generar confusiones sobre qué autoridad debe revisar los proyectos turísticos, inmobiliarios y de infraestructura cercanos al mar.
Aarón Siller Hernández, director regional de CEMDA en el sureste, explicó que estas diferencias pueden afectar la vigilancia ambiental. Por ello, la organización propone revisar los criterios utilizados para determinar cuándo corresponde intervenir a la Federación y cuándo pueden participar los gobiernos estatales.
Además, los especialistas consideran fundamental proteger los manglares y humedales, ya que funcionan como barreras naturales frente a tormentas, proporcionan refugio a numerosas especies y contribuyen al equilibrio de los ecosistemas marinos.
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Organizaciones piden mayor transparencia en los permisos ambientales
Otro aspecto importante de la propuesta es garantizar que las comunidades puedan consultar los estudios de impacto ambiental antes de que las autoridades autoricen nuevas construcciones. Esta información permite conocer los posibles efectos de cada proyecto y participar en las decisiones.
CEMDA sostiene que los mecanismos federales ofrecen herramientas de consulta pública que necesitan fortalecerse también en los estados. La organización busca evitar vacíos legales que dificulten la vigilancia ciudadana y permitan interpretaciones diferentes de una misma disposición ambiental.
La discusión ocurre mientras Quintana Roo enfrenta cuestionamientos sobre autorizaciones estatales para desarrollos ubicados en zonas costeras. Recientemente, un juzgado federal determinó que la autoridad ambiental estatal carecía de competencia para evaluar el proyecto inmobiliario Alux 33, localizado en Puerto Morelos.
