Un proyecto impulsado por el gobierno de Javier Milei genera preocupación por sus posibles efectos sobre las comunidades indígenas que mantienen disputas por tierras rurales en Argentina. Especialistas en derecho y legisladores opositores advierten que la iniciativa facilitaría los desalojos y limitaría herramientas para regularizar la propiedad de territorios reclamados como ancestrales.
La denominada Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada obtuvo media sanción del Senado y deberá pasar por la Cámara de Diputados. El texto original incluía cambios más amplios, aunque el oficialismo retiró las modificaciones a la Ley de Tierras y a la Ley de Manejo del Fuego al no reunir los votos necesarios.
Comunidades indígenas enfrentan posibles desalojos más rápidos
Uno de los puntos centrales modifica los procedimientos de desalojo. La iniciativa pretende convertirlos en trámites sumarísimos, facilitar la desocupación anticipada antes de una sentencia y reducir las garantías exigidas al propietario para solicitarla.
El diputado socialista Esteban Paulón advirtió que estas disposiciones podrían afectar territorios donde viven pueblos originarios que reclaman la titularidad de tierras ancestrales. La Constitución argentina reconoce la preexistencia étnica y cultural de los pueblos indígenas y sus derechos sobre las tierras que tradicionalmente ocupan.
Andrés Nápoli, director de la Fundación Ambiente y Recursos Naturales, sostiene que la propuesta entra en contradicción con garantías constitucionales y compromisos internacionales asumidos por Argentina. También cuestiona que privilegie una concepción individual de la propiedad sin considerar suficientemente su dimensión comunitaria.
Expertos alertan por menores herramientas de defensa
La iniciativa también endurece las condiciones para declarar la utilidad pública de un inmueble antes de una expropiación. La propuesta exige identificar de forma específica el objetivo perseguido y demostrar que la medida resulta idónea, necesaria y proporcional.
Silvina Ramírez, especialista en derechos indígenas, advierte que esa modificación podría dificultar procesos destinados a entregar la titularidad de determinadas tierras a pueblos que las consideran ancestrales.
Otro elemento cuestionado permite que personas que invoquen un derecho o interés legítimo promuevan acciones de desalojo. Para Ramírez, esto resulta especialmente delicado en territorios donde existen disputas históricas sobre títulos y propiedad.
La situación también se complica porque Argentina no concluyó el relevamiento técnico, jurídico y catastral previsto por la Ley 26.160 de emergencia territorial, posteriormente derogada. Por ello, tampoco existe una estadística oficial definitiva sobre la extensión de las tierras ocupadas por pueblos originarios.
Los especialistas consideran que la combinación de desalojos más rápidos, mayores restricciones para las expropiaciones y menores posibilidades de defensa podría incrementar los litigios contra poblaciones que reclaman derechos territoriales.
La discusión continuará en Diputados, donde todavía pueden introducirse modificaciones. Organizaciones y especialistas reclaman que cualquier regulación sobre propiedad privada mantenga las garantías constitucionales y legales reconocidas a los pueblos originarios.
