El posible regreso del fracking a México volvió a generar preocupación entre especialistas y organizaciones ambientales. Aunque el Gobierno analiza alternativas para fortalecer la producción nacional de gas natural, diversos sectores advierten que esta técnica continúa asociada con impactos sobre el agua, los ecosistemas y las comunidades donde podría aplicarse.
El debate ocurre mientras autoridades federales estudian nuevas estrategias para aprovechar yacimientos de gas no convencional. Sin embargo, investigadores y colectivos ambientalistas sostienen que cualquier decisión debe considerar los efectos ambientales y sociales documentados en otros países donde la fractura hidráulica se ha desarrollado durante los últimos años.
Los riesgos del fracking siguen en discusión
La fractura hidráulica consiste en inyectar grandes volúmenes de agua, arena y aditivos químicos a alta presión para liberar gas y petróleo atrapados en formaciones rocosas profundas. Diversos estudios han señalado que esta práctica puede incrementar la presión sobre los recursos hídricos, generar residuos difíciles de manejar y modificar los ecosistemas cercanos a las zonas de extracción.
Además, organizaciones ambientales advierten que la expansión de esta actividad podría aumentar las emisiones de gases de efecto invernadero, especialmente por las fugas de metano, un compuesto con un elevado potencial de calentamiento global. También han expresado preocupación por los posibles efectos sobre comunidades rurales que dependen del agua para la agricultura y otras actividades productivas.
Especialistas piden priorizar alternativas sostenibles
El posible impulso a nuevos proyectos también ha reactivado el debate sobre el modelo energético que necesita México. Mientras algunos sectores consideran que el gas natural puede contribuir a reducir la dependencia de las importaciones, especialistas recuerdan que el desarrollo de los yacimientos mediante fractura hidráulica requiere inversiones millonarias y un amplio marco de supervisión ambiental.
Diversas organizaciones sostienen que la transición energética debería privilegiar tecnologías con menor impacto ambiental y fortalecer las fuentes renovables. También insisten en que cualquier decisión sobre el fracking debe sustentarse en evaluaciones científicas independientes, procesos transparentes y mecanismos de participación ciudadana que permitan valorar los posibles efectos antes de autorizar nuevos proyectos.
