Pérdida de manglares por el crecimiento inmobiliario en Quintana Roo
La expansión inmobiliaria y turística ha transformado extensas zonas costeras de Quintana Roo, donde la pérdida de vegetación amenaza ecosistemas fundamentales para la protección del litoral. De acuerdo con el Centro Mexicano de Derecho Ambiental (Cemda), el estado ha perdido cerca del 60% de su cobertura original de manglares.
El deterioro responde a distintos factores, entre ellos la urbanización, la fragmentación de los humedales y las alteraciones en los flujos naturales de agua. Estas presiones afectan tanto la biodiversidad como la capacidad de las costas para enfrentar fenómenos meteorológicos extremos.
Aunque Quintana Roo concentra la mayor superficie de manglar entre los estados costeros de México, organizaciones ambientales advierten que la protección legal no ha conseguido frenar todas las amenazas.
El crecimiento de los desarrollos urbanos y turísticos representa una de las principales presiones sobre estos ecosistemas, especialmente en municipios como Benito Juárez, Solidaridad y Puerto Morelos.
El Cemda ha cuestionado modificaciones a instrumentos de planeación urbana, incluido el Programa de Desarrollo Urbano de Cancún, por los riesgos que determinados cambios de uso de suelo representan para humedales, selvas y zonas costeras.
Además, las afectaciones no ocurren únicamente cuando una construcción elimina directamente la vegetación. Las obras que bloquean o modifican la circulación del agua también pueden alterar el equilibrio ecológico.
Esta pérdida resulta especialmente preocupante porque los manglares ayudan a reducir la erosión, amortiguan el impacto de las marejadas y proporcionan refugio a numerosas especies.
Por otra parte, regiones protegidas como Sian Ka’an mantienen mejores condiciones de conservación. Sin embargo, estas áreas no garantizan la protección de los ecosistemas ubicados fuera de sus límites.
Las controversias ambientales también han llegado a los tribunales. En junio de 2026, el Cemda informó sobre una sentencia favorable relacionada con el proyecto San Mex, en Playa del Carmen.
Un tribunal federal determinó que la falta de consulta pública afectó la validez del procedimiento de evaluación de impacto ambiental.
Otro antecedente relevante es el Malecón Tajamar, donde una resolución judicial estableció la obligación de restaurar la zona de manglar afectada.
Ante estos casos, la organización ha insistido en fortalecer la vigilancia, garantizar evaluaciones ambientales transparentes y mejorar la participación ciudadana.
También resulta necesario conservar zonas de amortiguamiento, evitar construcciones que interrumpan los flujos de agua y establecer criterios de menor impacto para nuevos proyectos.
El desafío consiste en que la planeación territorial considere no solamente la superficie de vegetación conservada, sino también su conectividad ecológica y su función protectora frente a inundaciones y tormentas.
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