Contaminación y retraso en el saneamiento de la presa Endhó
La contaminación acumulada durante décadas en la presa Endhó, en Hidalgo, mantiene a miles de habitantes expuestos a riesgos ambientales y sanitarios. A pesar de que el Gobierno federal declaró la zona como área de restauración ecológica, el programa oficial de recuperación continúa pendiente.
El decreto, publicado al final del gobierno de Andrés Manuel López Obrador, establecía un plazo de ocho meses para desarrollar las acciones de saneamiento. Sin embargo, dos años después, las comunidades siguen esperando el documento.
La situación afecta a una población cercana a 20 mil personas, mientras investigaciones periodísticas han documentado un incremento preocupante de enfermedades y muertes por cáncer en la región.
Las aguas residuales procedentes del Valle de México y las descargas locales han contribuido al deterioro ambiental de la zona.
Un estudio técnico gubernamental identificó hidrocarburos aromáticos policíclicos en el aire, además de concentraciones de arsénico superiores a los límites permitidos en diversos pozos.
También advirtió sobre contaminantes industriales, nitratos y partículas atmosféricas que pueden representar riesgos para la salud.
Una investigación periodística de 2023 documentó que las muertes registradas por cáncer en la región aumentaron 189% entre 2010 y 2020, frente a un incremento nacional del 30%.
No obstante, todavía faltan estudios epidemiológicos que permitan establecer una relación causal directa entre la contaminación y los padecimientos.
Además, los resultados de un censo sanitario realizado entre 2024 y 2025 no se han hecho públicos.
La Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) reconoce el retraso del programa de restauración, aunque asegura que ya desarrolla acciones en la región.
Claudia Hernández Fernández, directora general de Restauración Ambiental, informó sobre 61 millones de pesos destinados a restauración forestal, 29 millones a recuperación ecohidrológica y 13 millones en otras inversiones y compensaciones ambientales.
Por su parte, la Comisión Nacional del Agua (Conagua) reportó 600 millones de pesos en obras para el río Tula y la presa, incluidos colectores para conducir aguas residuales hacia una planta de tratamiento.
Sin embargo, existen discrepancias sobre el origen de los contaminantes y la presencia de metales pesados en los pozos.
Mientras Conagua atribuye la principal carga contaminante a la zona urbana de Tula, el estudio técnico oficial también identifica compuestos industriales que llegan desde aguas superficiales hasta el acuífero.
Semarnat relaciona parte del retraso con una solicitud de consulta indígena presentada por organizaciones comunitarias.
La secretaria Alicia Bárcena señaló que el programa podría publicarse a finales de noviembre. Entretanto, habitantes y organizaciones mantienen sus exigencias de saneamiento, vigilancia sanitaria y cumplimiento del decreto.
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