Ciudad de México a 28 de mayo de 2021.- En la ultima década el Estado mexicano ha otorgado miles de permisos a distintos sectores para la implementación de megaproyectos.
Para marzo de 2019, se habían entregado 25 607 concesiones mineras y hasta 2012, el último dato actual y vigente sobre proyectos de construcción de presas, ascendía a 4 mil 200 proyectos.
En este contexto, nos parece fundamental llamar en primera instancia al Estado mexicano respecto a su obligación internacional de estudiar el impacto de los proyectos, señala Fundar.
En este contexto, desde Fundar, Centro de Análisis e Investigación presentamos la publicación Estudios y Evaluaciones de impacto social a la luz del marco de derechos humanos.
El caso de la legislación de hidrocarburos y de la industria eléctrica, en el que se analizan las figuras de Estudios de Impacto Social (Eis) y Evaluaciones de Impacto Social (Evis) previstas en la Ley de Hidrocarburos y en la Ley de la Industria Eléctrica, a la luz del marco internacional de derechos humanos de pueblos indígenas.
Durante la presentación realizada en conjunto con el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, participaron Itzel Silva Monroy, abogada e investigadora de Fundar.
También Marisol Anglés Hernández, investigadora del Instituto de Investigaciones Jurídicas, María Jesús Euan Barbosa, defensora comunitaria de la tierra y el territorio, de la Comunidad de San José Tipceh, en Yucatán.
Magdalena Cervantes, coordinadora del Observatorio del Sistema Interamericano de Derechos Humanos del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, y Soledad García Muñoz, Relatora Especial sobre Derechos Económicos Sociales y Culturales de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
