Ciudad de México 29 de septiembre._ Agroindustria se ampara contra prohibición de glifosato.
A nueve meses de que el gobierno mexicano publicó el decreto que prohibe el glifosato y el maíz transgénico hacia 2024, la medida enfrenta 26 amparos.
Los amparos son promovidos por la agroindustria.
Los acuerdos comerciales internacionales y la supuesta violación a sus lineamientos, son parte de los argumentos usados por quienes buscan anularlo.
Sin embargo, Greenpeace presentó un análisis del porqué la aplicación de este decreto es constitucional y legítimo.
Ello, a través de su reporte “Agricultura sin glifosato. Alternativas para una transición agroecológica”.
En este informe desenredamos el entramado de instrumentos normativos, señala Greenpace.
Emite observaciones sobre la legalidad del decreto.
También se evalúa su defensa ante instancias judiciales nacionales e internacionales.
“Si una norma o el cumplimiento de un tratado de libre comercio pone en peligro normas que protegen al medio ambiente, estos tienen preeminencia.
«Las normas de medio ambiente, y por supuesto el decreto, está enmarcado en el derecho internacional que debe ser aplicado según la Constitución».
El decreto es armónico con el derecho internacional de los derechos humanos y de los tratados de libre comercio.
En los últimos años hay una vocación en materia de conservación del medio ambiente.
La relación entre comercio internacional y medio ambiente es innegable.
Las normas del medio ambiente son un contrapeso a las acciones comerciales que suelen ser depredadoras del entorno natural, señaló Manuel Becerra, investigador del Sistema Nacional de Investigadores.
Los expertos desmoronaron argumentos de la agroindustria para evadir decreto presidencial.
Agricultores lo confirman: producir sin glifosato es técnica y económicamente viable.
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