Una ley impulsa la protección de áreas naturales en Chile

La conservación de la naturaleza también necesita herramientas legales para asegurar resultados duraderos. En Chile, el Derecho Real de Conservación cumple diez años como un mecanismo que ha fortalecido la protección voluntaria de ecosistemas en terrenos privados y ampliado la participación de nuevos actores en el cuidado del patrimonio ambiental.

Promulgada en 2016 tras un extenso proceso legislativo, esta figura jurídica permite que propietarios y organizaciones establezcan acuerdos permanentes para proteger bosques, humedales, cuencas y otros espacios de alto valor ecológico. El instrumento surgió para complementar la labor del Estado en un país donde cerca del 80% de la superficie terrestre pertenece a propietarios privados.

Derecho Real de Conservación fortalece la protección ambiental

Durante esta década, el Derecho Real de Conservación ha respaldado miles de hectáreas protegidas en distintas regiones de Chile. Fundación Tierra Austral, por ejemplo, informa que administra 18 proyectos que resguardan más de 21 mil 600 hectáreas, incluyendo bosques nativos, cuencas estratégicas y hábitats de más de 270 especies de fauna y 620 especies de flora nativa y endémica.

Asimismo, especialistas consideran que esta herramienta ha dado mayor certeza jurídica a la conservación privada y ha permitido formalizar iniciativas ambientales impulsadas por comunidades, familias y organizaciones comprometidas con la biodiversidad.

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Conservación inclusiva para los próximos años

También existen desafíos. Expertos señalan que el crecimiento del Derecho Real de Conservación debe acompañarse de estándares sólidos y mecanismos que garanticen que estos acuerdos mantengan como objetivo principal la protección de la naturaleza y el bienestar de los ecosistemas.

El aniversario coincide con un momento clave para la conservación en Chile. La experiencia acumulada durante diez años demuestra que la colaboración entre propietarios, organizaciones ambientales y autoridades puede ampliar la superficie protegida del país y fortalecer la resiliencia frente a la pérdida de biodiversidad y los efectos del cambio climático.