con imágenes tomadas de la red
La Corte Internacional de Justicia (CIJ) ha marcado un antes y un después en la lucha contra el cambio climático y Joie Chowdhury lo explica.
En un fallo histórico, dejó claro que los Estados están obligados legalmente a reducir emisiones, proteger derechos humanos y responder por los daños causados por la crisis ambiental.
Para Joie Chowdhury, abogada medioambiental y referente en justicia climática, la sentencia es un verdadero punto de inflexión:
“La impunidad climática ya no es una opción. Ahora tenemos una base jurídica más sólida para exigir cuentas a los contaminadores y negar espacio al negacionismo”.
El pronunciamiento de la CIJ, impulsado por la isla de Vanuatu con el apoyo de organizaciones y jóvenes activistas del Pacífico, no solo refuerza la obligación de los países de descarbonizar sus economías.
También reconoce que quienes sufren los impactos climáticos tienen derecho a reparación económica y no económica por parte de los Estados más contaminantes.
Además, el fallo servirá como guía jurídica en litigios, políticas nacionales y negociaciones internacionales, con un rol clave en la próxima COP30 en Belém.
El dictamen llega en un momento delicado: mientras el negacionismo y los retrocesos políticos ganan terreno en algunos países, la mayoría de los Estados participantes defendieron la justicia climática.
En total, 96 naciones intervinieron en el proceso, una señal de compromiso global.
Para Chowdhury, este fallo es un antídoto legal contra la desinformación:
“Negar la ciencia no la hace menos cierta ni sus impactos menos reales. Este fallo pone al derecho internacional del lado de la gente y del planeta”.
¿Qué sigue para los gobiernos?
La CIJ fue clara: los Estados deben tomar medidas significativas para frenar la crisis climática, lo que implica:
Reducir drásticamente las emisiones de gases de efecto invernadero.
Eliminar subsidios y frenar nuevas licencias para combustibles fósiles.
Regular a las empresas privadas responsables de daños ambientales.
Garantizar planes nacionales climáticos creíbles y alineados con el objetivo de 1,5 °C.
De no hacerlo, advierte el tribunal, los países podrían enfrentar consecuencias legales y reparaciones.
Más allá de lo jurídico, Chowdhury subraya que la sentencia refleja la fuerza de un movimiento global: desde asociaciones de mujeres en Suiza hasta jóvenes del Pacífico, son las comunidades quienes han llevado la lucha climática al máximo tribunal internacional.
Su mensaje es claro: la justicia climática no depende de coyunturas políticas, sino de una convicción colectiva.
La impunidad climática terminó y, con ella, el mundo cuenta ahora con una herramienta poderosa para defender el futuro del planeta.}
Con información de La Vanguardia.
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