imagen tomada de elpais.com
El muro fronterizo impulsado por el gobierno de Donald Trump comienza a generar tensión en comunidades del sur de Estados Unidos, donde decenas de propietarios han recibido notificaciones oficiales sobre posibles expropiaciones de terrenos cercanos al río.
En la ciudad de Laredo, una localidad con fuerte presencia hispana, al menos 60 dueños de propiedades situadas en la ribera del Río Grande recibieron en febrero cartas del gobierno federal. En ellas se les advierte que sus terrenos están dentro del área de interés para proyectos fronterizos.
La profesora Nayda Álvarez cuenta que recibió apenas cinco días para decidir si acepta que una barrera atraviese su jardín. Si no firma, teme perder su casa por expropiación. Casos similares se repiten entre vecinos, donde hay viviendas, parques, senderos recreativos e incluso cementerios familiares ubicados junto al río.
El proyecto del gobierno contempla levantar lo que ha denominado un “muro inteligente” a lo largo de más de 3 mil kilómetros de frontera con México. Aunque una tercera parte ya contaba con barreras, el plan actual incluye nuevas estructuras físicas, barreras acuáticas, caminos para patrullaje y sistemas tecnológicos de detección.
La iniciativa forma parte de la estrategia migratoria que ha marcado el inicio del segundo mandato de Trump. Se espera que el presidente detalle estos planes durante su discurso sobre el Estado de la Unión ante el Congreso.
Autoridades federales sostienen que la construcción es necesaria para lograr el control operativo de la frontera. Según la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza, se está contactando a los propietarios como parte del proceso legal para adquirir los terrenos requeridos.
Vecinos como Antonio Rosales Jr., de 75 años, aseguran que la medida impactará directamente en sus hogares. Dice haber recibido una notificación que indica que parte de su vivienda podría ser demolida para dar paso a la obra.
Activistas locales, como Édgar Villaseñor, del Centro de Estudios Internacionales del Río Grande, consideran que lo que ocurre no son casos aislados, sino una apropiación masiva de tierras ribereñas en todo el sur de Texas.
Mientras el gobierno defiende el proyecto como una acción de seguridad fronteriza, en la zona crece la incertidumbre. Para muchos habitantes, el muro no solo divide territorios, sino también comunidades que han vivido durante generaciones junto al río.
Con información de La Jornada.
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