La venta de tierras a extranjeros quedó nuevamente sin los límites establecidos por la Ley de Tierras Rurales en Argentina. La Corte Suprema revocó el fallo que había declarado inconstitucional el artículo 154 del DNU 70/2023, mediante el cual el Gobierno derogó esa legislación.
La norma de 2011 establecía que personas y empresas extranjeras no podían concentrar más del 15% de las tierras rurales a escala nacional, provincial o departamental. También fijaba restricciones por nacionalidad y titular. Con la decisión judicial, esas limitaciones dejan de aplicarse mientras siga vigente la derogación.
Venta de tierras a extranjeros cambia tras fallo judicial
La Corte no determinó si la derogación es constitucional. Los jueces resolvieron que el Centro de Ex Combatientes Islas Malvinas La Plata, organización que presentó la demanda, carecía de legitimación para impulsar la acción. Además, consideraron que no existía un caso o controversia judicial que permitiera analizar el fondo.
El fallo modifica un escenario que permanecía judicializado desde 2024. Además, ocurre después de que el Gobierno intentara cambiar las restricciones mediante el Congreso. Inicialmente buscó eliminar los límites y posteriormente planteó elevar el máximo del 15% al 25%, pero esa modificación no prosperó.
Más de 13 millones de hectáreas están extranjerizadas
El debate tiene una dimensión territorial y ambiental. Datos oficiales recopilados por Chequeado indican que en agosto de 2026 había 13.3 millones de hectáreas rurales en manos de personas o empresas extranjeras, cerca del 5% del total considerado.
Por su parte, el Observatorio de Tierras del CONICET y la Universidad de Buenos Aires encontró una distribución desigual. Su análisis identificó 36 departamentos donde la propiedad extranjera supera el 15%, con algunos territorios por encima del 50%.
El Gobierno sostiene que eliminar restricciones puede facilitar inversiones y el ingreso de capital extranjero. En contraste, investigadores y sectores críticos advierten sobre la concentración de territorios vinculados con agua, minerales y otras áreas consideradas estratégicas.
Así, la decisión de la Corte cambia las reglas actualmente aplicables, pero no resuelve el debate político y jurídico sobre la propiedad extranjera de tierras rurales.
